07/06/2013
Don Barrett, el abogado norteamericano que ganó la primera y multimillonaria batalla judicial contra las grandes compañías tabacaleras a finales de los años 90, ha puesto su punto de mira en la industria alimentaria.
Su cruzada contra el tabaquismo se saldó con una indemnización de 240.000 millones de dólares, repartida entre los cuatro principales fabricantes de tabaco, por daños y perjuicios a los fumadores enfermos de cáncer. Una gesta por la que muchos fumadores abandonaron su adicción o, por lo menos, lo intentaron, y que fue llevada a la gran pantalla por Michael Mann con la película El dilema. Con esta última demanda, Barrett calcula que la cuantía económica con la que deberán responder las empresas demandadas por “envenenar al consumidor con fines lucrativos” será mucho mayor.
El equipo de abogados coordinado por Barrett ha demandado a una treintena de multinacionales que, en conjunto, controlan casi la totalidad del mercado alimentario. Entre ellas se encuentran Nestlé, Unilever, Procter & Gamble, Kraft, Coca-Cola o PepsiCo. La principal estrategia jurídica del bufete, especializado en grandes pleitos colectivos, no consiste en demostrar que ciertos alimentos son perjudiciales para la salud o que su publicidad es engañosa, sino que su etiquetaje es falso o ilegal.
“Tenemos pruebas irrefutables de que los fabricantes ocultan la verdadera cantidad de azúcares y grasas presentes en sus alimentos. Nos engañan respecto a los ingredientes supuestamente naturales y suelen mentir respecto al número de calorías que contiene un producto”, asegura Barrett en declaraciones a la BBC. Su conclusión no deja lugar para la duda: “Si el producto es ilegal, entonces no se puede vender. Las empresas responsables deberán retirar de la venta los productos mal etiquetados e indemnizar a los consumidores que los compraron durante los últimos cuatro años”, que es el plazo marcado por la legislación norteamericana.
Uno de cada cuatro alimentos “es ilegal”
La mayoría de demandas se concentran en aquellos productos que hacen gala de contener ingredientes “naturales”, de no llevar transgénicos o sabores artificiales, de estar elaborados de forma artesanal, comercializarse como alimento saludable o por utilizar eufemismos como “jugo de caña” para referirse al azúcar. “En EEUU parece que la palabra azúcar está prohibida, cuando tenemos una de las mayores tasas de población con diabetes y obesidad”, lamenta el legalista. Sin embargo, se sigue etiquetando mal porque “los consumidores son más propensos a comprar un producto que supuestamente sea saludable, y los fabricantes podrán subir el precio por ello”, añade Barrett.Si los consumidores contasen con una información precisa sobre lo que comen, seguro que cambiarían sus hábitos alimenticios
La cuantía económica con la que los tribunales podrían sancionar a los grandes de la industria alimentaria asciende a cifras astronómicas. Alrededor del 25% de los productos están mal etiquetados en EEUU y, a diferencia del tabaco, “todo el mundo come”, matiza el abogado. Para hacernos una idea, Barrett pone como ejemplo la marca líder en snacks, Lay’s, de la compañía PepsiCo, uno de los productos demandados por etiquetaje ilegal. “Sus ventas anuales proporcionan unos beneficios de 13.000 millones de dólares, por lo que si lo multiplicamos por cuatro años, los consumidores recibirán unos 52.000 millones. Y así con el resto de las 30 compañías demandadas”, advierte el famoso abogado.
El exceso de confianza que revisten las afirmaciones de Barrett es propio de un David que se enfrentó a Goliat, y ganó contra todo pronóstico. Además, la demanda está cuidada hasta el máximo detalle y nada está elegido al azar. Así, por ejemplo, la mayor parte de las demandas se presentaron en California, donde son más favorables las leyes de protección de los consumidores.
